Un grupo de abogados y abogadas que consideraban importante que existiera en Medellín (Antioquia) una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde el ámbito jurídico fundaron la Corporación Jurídica Libertad (CJL) en 19931. La organización trabaja principalmente en Medellín, el Oriente Antioqueño y el departamento del Chocó2.

Las actividades de la Corporación radican en la representación legal de víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan verdad, justicia y reparación y el acompañamiento a comunidades en sus procesos de resistencia, defensa del territorio y la búsqueda de seguridad alimentaria3.

Además, la Corporación investiga las vulneraciones de derechos humanos haciendo énfasis en la situación de impunidad4. Junto a otras 16 organizaciones sociales y de derechos humanos forma parte del proyecto Colombia Nunca Más que lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia entre 1966 y 1998 desde la perspectiva de la recuperación de la memoria histórica5.

Los litigios actuales más importantes

Desaparición forzada en 1996 de 15 habitantes de la vereda La Esperanza

En 1996 las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) desaparecieron a 15 personas en La Esperanza (municipio El Carmen de Viboral, Antioquia) que acusaron de pertenecer a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL)6. En diferentes versiones el ex jefe paramilitar Ramón Isaza confesó que esta masacre había sido ordenada por el general Alfonso Manosalva Flórez, comandante para la época de la Brigada IV del Ejército, con sede en Medellín y jurisdicción en buena parte del Oriente Antioqueño7. Además de la representación legal de familiares de víctimas de desaparición forzada, el acompañamiento de la Corporación ha permitido que los habitantes de La Esperanza tomen la palabra para expresar el dolor y la tristeza que han sufrido a lo largo de estos años8.

Operación Orión, Comuna 13 (Medellín)

La Corporación representa a familiares de víctimas de la Operación Orión que, según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), dejó un saldo de un muerto, 28 heridos, 355 detenidos y 70 desaparecidos9. La acción militar fue realizada en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por la Brigada IV en conjunto con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fuerzas especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía para combatir a las guerrillas que operaban en la Comuna 13, una de las zonas más conflictivas ese año de la capital de Antioquia10. En diciembre de 2011 y ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia rindió versión libre el ex comandante del Ejército general Mario Montoya en el proceso que se le adelanta por sus presuntos nexos con paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión11.

Ejecuciones extrajudiciales

La Corporación representa a familiares de víctimas en casos de ejecuciones extrajudiciales que involucran la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública12.  Por ejemplo, el abogado Bayron Góngora representa a los familiares de Susana Patricia Galeano quien fue reportada por la Cuarta Brigada del Ejército como muerta en combate en 2006. La Fiscalía abrió investigación por el delito de homicidio contra dos miembros del Batallón13.  La Corporación presentó algunos casos de ejecuciones extrajudiciales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos14.

«Durante los últimos nueve años hemos dado la pelea para que sea la justicia ordinaria la que adelante las investigaciones penales y no la justicia penal militar. Eso ha sido una lucha que nos ha demandado mucho tiempo. Si bien hemos logrado sacar de la justicia penal militar gran cantidad de los casos que nosotros representamos, entre setenta y ochenta casos de ejecuciones extrajudiciales, muchos de esos continúan en la justicia penal militar y algunos de esos son incluso remitidos desde la justicia penal ordinaria hacía la justicia penal militar. La falta de garantías para la representación de las víctimas en el proceso penal, para los mismos familiares y para el ejercicio pleno de sus derechos en la ley de Justicia y Paz es otro de los problemas graves que tenemos desde el punto de vista del ejercicio de la representación judicial».
Elkin Ramírez, abogado de la CJL.

En referencia a las ejecuciones extrajudiciales, el informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró en su informe anual de 2011 «la obligación de la justicia penal militar de abstenerse de iniciar investigaciones o reclamar la competencia cuando se han producido hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario»15. 

Otros casos de litigio

La Corporación junto con la Diócesis de Quibdó ha presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares que dejaron un saldo de 114 víctimas ocurridas en el Medio Atrato (Chocó) entre 1999 y 2001 16.

Además, la CJL representa a los familiares de Gustavo Marulanda, estudiante de filosofía de la Universidad de Antioquia y activista, asesinado en 1999 por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)17.

Miembros de la Corporación Jurídica Libertad han sido objeto de amenazas de muerte como consecuencia de su actividad de defensa de los derechos humanos18. Por ejemplo, en junio de 2010 la Corporación fue mencionada como «blanco militar» en un panfleto circulado por las AUC, grupo paramilitar supuestamente desmovilizado en esa época19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que los abogados y abogadas han sido «investigados por parte de órganos de inteligencia del Estado y que la Fiscalía General de la Nación habría emitido órdenes de detención en contra de algunos de sus integrantes con base en información manipulada por tales órganos y por integrantes de las fuerzas armadas»20.

El caso de Bayron Góngora

En febrero de 2010 la Corporación tuvo conocimiento de que sicarios de una organización armada ilegal de Medellín habrían sido contratados para atentar contra la vida del abogado Bayron Góngora, integrante de la CJL. Lo que es claro tanto para él como para el resto de integrantes de esta ONG es que esta amenaza deriva directamente de la labor de defensa de los derechos humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado que viene realizando desde hace una década21. Góngora, quien representa víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también ha sido vinculado a procesos penales sindicado del delito de rebelión22.

El caso de Elkin Ramírez

En julio de 2011 la Fiscalía seccional de Bogotá precluyó la investigación que se venía adelantando desde 2005 contra el abogado Elkin Ramírez y otros dos defensores de derechos humanos por el delito de falsa denuncia. En septiembre de 2005, el coronel Néstor Iván Duque, comandante del Batallón de Ingenieros Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada XVII del Ejército, denunció a los tres defensores de derechos humanos por los presuntos delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia a causa de la información que habían presentado el año anterior ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) 23. Tras las detenciones de algunos campesinos y líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) que denunciaron una serie de agresiones y amenazas cometidas por este Batallón24, los defensores presentaron ante la CoIDH —instancia que había dispuesto medidas especiales de protección en favor de esta comunidad— información que daba cuenta de detenciones arbitrarias cometidas por personal del Batallón de Ingenieros Carlos Bejarano Muñoz25.

Además, la Fiscalía 74 inició una investigación en noviembre de 2006 por el presunto delito de rebelión dentro de la cual se ordenaba la captura de Elkin Ramírez26. En mayo de 2009 la orden de captura fue revocada.

Las amenazas e investigaciones penales en contra de los abogados tienen importantes implicaciones:

«En algunos momentos hemos tenido que dedicar parte de los esfuerzos humanos a defendernos nosotros mismos, buscar acompañamiento, hacer viajes al exterior para establecer mecanismos de protección; la fatiga que implica en el día a día el saber que te están persiguiendo, que están averiguando por tu caso, por tu familia; que tienes un proceso penal encima; que tienes eventualmente una orden de captura en tu contra. En eso radican las dificultades». Elkin Ramírez

PBI acompaña a la Corporación Jurídica Libertad desde el año 2000. Según palabras de Elkin Ramírez: «En los momentos más críticos el acompañamiento de PBI nos ha permitido llegar a zonas a las que no hubiésemos podido llegar para acompañar a organizaciones campesinas debido a la situación del conflicto armado. Además, nos ha posibilitado visibilidad a nivel internacional. PBI nos ha brindado un apoyo importante en la visibilización de casos y de las situaciones de persecución en contra de integrantes de la Corporación Jurídica Libertad»29.