La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) tiene como objetivo la defensa integral de los derechos humanos, la lucha por la tenencia y redistribución de la tierra y la dignificación de la vida campesina a corto plazo así como la generación de condiciones propicias para cambios estructurales a medio plazo en el campo colombiano. En este marco, la Acvc enfoca su trabajo en la Zona de Reserva Campesina y el desarrollo sostenible, el desarrollo de proyectos agrícolas y las áreas de educación y salud. Su labor se centra en el trabajo organizativo, formativo y político.

La Acvc agrupa en su asamblea general a 120 Juntas de Acción Comunal (JAC)[1], cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones de trabajadores del campo. La organización cuenta con aproximadamente 25.000 miembros y desarrolla su trabajo comunitario, político y social en unas 120 veredas ubicadas en ocho municipios de la región del Magdalena Medio. 

Los proyectos productivos gestionados por la Acvc buscan garantizar la seguridad alimentaria de la población campesina del Valle del Río Cimitarra. Algunos de los proyectos gestionados por la Asociación son:

• Desarrollo agroindustrial de la caña de azúcar
• Cultivos agroindustriales de arroz a pequeña escala
• Ganadería campesina de búfalos y vacas
• Acueducto comunitario
• Construcción y dotación de estanques para la piscicultura
• Producción pesquera
• Saneamiento básico
• Mejoramiento de vivienda

Durante los años 80 y 90 la violencia generalizada obligó a muchas personas campesinas de la zona del Valle del Río Cimitarra a desplazarse hacia las cabeceras municipales. Las organizaciones armadas al margen de la ley —grupos guerrilleros: Farc y ELN; y grupos paramilitares— tuvieron una gran influencia en la región. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), las entidades del Estado no lograron establecer una institucionalidad civil fuerte con el resultado de vías intransitables, carencia en el acompañamiento institucional en la producción agrícola y falta de servicios de educación y salud[2] y, por ese mismo hecho, fueron los grupos campesinos los que tenían que velar por la defensa de sus propios derechos. Durante esta época nacieron varios movimientos campesinos[3], los cuales no tuvieron el impacto deseado en cuanto a la lucha social. Fue en 1996 cuando, extenuados de luchas infructuosas, campesinos del Magdalena Medio crearon la Acvc y empezaron a realizar asambleas, manifestaciones pacíficas y diálogos y acuerdos con el Gobierno de la época (cuyo presidente era Andrés Pastrana) para abogar por los derechos de la población campesina[4].

Al mismo tiempo, comunidades rurales de las zonas cocaleras de Putumayo, Caquetá, Cauca, Sur de Bolívar y Guaviare empezaron a desarrollar amplias protestas por, entre otras razones, las fumigaciones aéreas que afectaban tanto los cultivos de uso ilícito (coca y amapola) como los de pancoger y los pastos[5].

La comunidad campesina del Valle del Río Cimitarra decidió sumarse a la movilización campesina, minera y cocalera del Sur de Bolívar para exigir la suspensión del accionar paramilitar y las fumigaciones aéreas. Unas 10.000 personas se movilizaron en San Pablo y Barrancabermeja para exigir al Gobierno colombiano inversión social y respeto por los derechos humanos.

Óscar Duque, líder de la Acvc, explica: «Nosotros ya estábamos cansados de ser desplazados de otras regiones del país. La necesidad fue la que nos obligó a buscar herramientas para que el Valle del Río Cimitarra fuera una región de convivencia, paz y armonía en donde concretamente se pudiera implementar un plan de desarrollo importante para el beneficio social de las comunidades[6]».

En 1998, la Acvc participó en el Éxodo campesino a Barrancabermeja que se realizó como respuesta al desplazamiento forzado —debido a la incursión paramilitar en el Sur de Bolívar y el Valle del Río Cimitarra— y a la información que tenía la población sobre los intereses de algunas empresas multinacionales en la región[7]. Luego de tres meses de negociación, la población logró que el Gobierno asumiera varios compromisos como la generación participativa de un Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio para garantizar la vida, la protección de los derechos humanos y llevar a cabo inversión social en los 25 municipios que participaron de la movilización. Uno de los puntos firmados por el Gobierno fue la conformación de una Zona de Reserva Campesina en la región, acuerdo en el que la Acvc concentraría todos sus esfuerzos[8].

Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

En Colombia el problema de la tierra se centra en la tendencia hacia una concentración de la propiedad de la misma, lo cual generó un cambio en la agricultura hacía la desagriculturización que conllevó a una crisis alimentaria[9]. Para enfrentar este problema, el Gobierno profirió en 1994 la Ley 160 de la Reforma Agraria a través de la cual se creó la figura de la Zona de Reserva Campesina (ZRC). Además de promover el acceso y una más equitativa distribución de la tierra para el campesinado, la ZRC propende por la protección de los recursos ambientales y la promoción de la economía campesina[10].

Objetivos de la ZRC:

• contener la extensión de la frontera agrícola, límite entre la tierra dedicada a la agricultura y la que aún se mantiene como área natural intacta
• corregir los fenómenos de la inequitativa concentración de la tierra
• crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina
• regular la ocupación y el aprovechamiento de la tierra dando preferencia en su adjudicación al campesinado de escasos recursos
• crear una propuesta integral de desarrollo sostenible
• proteger tanto la economía campesina como la soberanía alimentaria

Con base en la Ley 160, el Gobierno dio inicio al Proyecto Piloto. Entre 1997 y 2002 se conformaron seis ZRC, una de las cuales fue la del Valle del Río Cimitarra, creada en diciembre de 2002 en los municipios de Yondó y Remedios (Antioquia) y Cantagallo y San Pablo (Sur de Bolívar).

Con el argumento de que la ZRC suscitó conflictos sociales en la región[11], el Gobierno de Álvaro Uribe suspendió la ZRC del Valle de Río Cimitarra el 10 de abril de 2003. En su labor de defensa de los derechos del campesinado, la Acvc exigió desde entonces el levantamiento de la suspensión. Su labor tuvo frutos cuando en febrero de 2011 el Gobierno de Juan Manuel Santos reactivó la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra con lo cual se benefician hoy 8.935 familias.

Miguel Cifuentes, vocero de la Acvc, resalta que la reactivación de la zona permitiría la autorización de proyectos productivos de desarrollo económico. «Los planes tienen como prioridad el ordenamiento del territorio, el mejoramiento de las condiciones de vida, el fortalecimiento de la economía campesina, la seguridad alimentaria y el respeto por los derechos humanos», agrega Cifuentes[12].

La ZRC del Valle del Río Cimitarra tiene una extensión de 550.000 hectáreas, 370.000 de las cuales son Reserva Forestal. Para la Acvc el objetivo de la ZRC es el derecho de la población de la zona a la tenencia de la tierra y la prevención de nuevos desplazamientos forzados. Los miembros de la Acvc afirman: «El Estado colombiano debe invertir en esta ZRC porque [la población de la zona] merece derechos. ¿Cuáles son estos derechos? El derecho a la vida, el derecho a la misma tierra, el derecho a la vivienda, la salud, la educación, la libre expresión y a la comercialización y la inversión»[13].

Ejecuciones extrajudiciales en la ZRC

Según la Acvc, en la ZRC del Valle del Río Cimitarra ha habido 16 casos de ejecuciones extrajudiciales[14]. En un primer momento la mayoría de los casos fueron asignados a la justicia penal militar, pero finalmente fueron trasladados a la justicia ordinaria, especialmente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía[15].

Recursos naturales en el Valle del Rio Cimitarra

• La región es rica en recursos naturales como oro, petróleo, bosques, agua, fauna y flora. Según el sacerdote jesuita Francisco de Roux[16]: «Es el centro norte vital del país. Base del combustible donde se refina la mayoría del petróleo. Eje de las carreteras que unen las ciudades andinas. Paso al Caribe, a Venezuela, a los valles del sur, a la ruta que unirá Caracas con el Pacífico, tierra del oro y de la diversidad ecológica».
• La industria de hidrocarburos juega un papel fundamental en la actividad económica de la región y aproximadamente genera el 70% de todo el valor producido. Según los documentos publicados por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio sobre la región, la agricultura es la actividad que se ubica en segundo lugar en la economía campesina. Se produce maíz, cacao, yuca, plátano, arroz y sorgo que generan pequeños excedentes pero juegan un papel muy importante en la canasta familiar.
• La ganadería extensiva y la siembra de palma aceitera se han venido intensificando como actividades económicas que en vez de generar procesos de mejora para la población en general han conllevado a la intensificación de las desigualdades y a la agudización del conflicto armado[17].

Minería artesanal

En el Nordeste Antioqueño miles de familias han vivido durante siglos de la minería artesanal, principalmente aurífera. Los pequeños mineros han sobrevivido en medio del conflicto y del abandono estatal con la mínima producción que sacaban de sus minas. Pero según los planes gubernamentales del Proyecto Visión Colombia 2019[18], el distrito minero del Nordeste Antioqueño será el principal en el país para lo que el Gobierno plantea incrementar la explotación de multinacionales y reducir la minería artesanal. La entrada de las grandes empresas se convirtió en realidad a finales del año 2010 mientras se cerraron 70 minas y se detuvieron a 118 personas relacionadas con la minería informal en la zona[19].

La situación de violencia y la militarización en la zona se incrementaron. Hubo amenazas de grupos armados ilegales como “Las Águilas Negras”, “Los Rastrojos” y “Los Paisas”[20], presencia de paramilitares en veredas del municipio de Remedios[21], asesinatos de líderes mineros en Segovia[22], entre otras situaciones. Ante esto, los mineros se organizaron en comités para luchar por sus derechos. La Acvc comenzó a trabajar con varios de estos comités: realizan talleres sobre la legislación actual, sobre práctica minera ambiental sostenible y sobre derechos humanos. El objetivo es darles las herramientas necesarias para que se puedan defender y una alternativa a través de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra[23].

Amenazas y agresiones

Listado de amenazas y agresiones

Premio Nacional de Paz para la Acvc

En 2010 la ACVC ganó el Premio Nacional de Paz otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, Revista Semana y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El destacado premio colombiano reconoció en la Acvc una experiencia organizativa en defensa de la vida y el acceso a la justicia y de desarrollo sustentable por un hábitat digno y de resistencia civil[24].

Encuentro Nacional de Paz

Luego de obtener el Premio Nacional de Paz, la ACVC se propuso ser el motor de «El diálogo es la ruta», un encuentro de paz para el cual se convocaron a todas las organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas y afrodescendientes de Colombia para debatir acerca de propuestas para la paz en el país. El encuentro se llevó a cabo en agosto de 2011 en el puerto petrolero de Barrancabermeja (Santander), ciudad ubicada sobre el río Magdalena[25].

Más de 10.000 personas participaron en diálogo abierto socializando y alimentando las diferentes iniciativas de paz y defensa de la tierra y los territorios que desde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se presentan como alternativas de paz y reconciliación del pueblo colombiano[26]. Viajaron, en algunos casos, hasta 42 horas en lancha y autobús e incluso participaron familias enteras.

«Decidimos realizar un encuentro donde pudiéramos visibilizar todas las experiencias como la Acvc porque en el país hay miles como la nuestra», indicó Mauricio Ramos, miembro de la Comisión Política de la Acvc[27].

Seguridad y medidas de protección

Por haber sido «declarados objetivos militares por grupos paramilitares de la región, han sido objeto en forma sistemática de amenazas y atentados fatales contra la vida de sus directivos»[28] concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien otorgó medidas cautelares a la Acvc en 2000. Éstas fueron solicitadas por la Corporación Reiniciar[29].

PBI compaña a la Acvc desde 2007.